LA VANGUARDIA
FAPA-València presentará un recurso contencioso contra el arreglo escolar
El consejo de gobierno de la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Valencia (FAPA-València) ha acordado presentar un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución definitiva de arreglo escolar de la Conselleria de
Educación para el curso 2014-2015.
El recurso se presentará junto a todas las AMPA que hace unos meses
presentaron conjuntamente un recurso de reposición contra la eliminación de
unidades, y con el objetivo de que se unan más asociaciones el próximo
miércoles el gabinete jurídico de FAPA explicará a las AMPA los pasos para
presentar el documento.
Según un comunicado de la federación, el consejo de gobierno de FAPA
también mostró su preocupación por el anuncio a los medios de comunicación de
que se mantendrán vigentes los libros de tercero y quinto de Primaria a pesar
de la entrada en vigor de la LOMCE.
Así, FAPA señala que, pese a que es una buena noticia para las familias con
problemas económicos, no hay ningún documento oficial que comunique a los
claustros de profesores que los libros vigentes son válidos, "que es lo
que hace falta para que las familias estén tranquilas".
Además, la federación ha mostrado su rechazo a la aplicación de la zona
única en Valencia para la elección de centro escolar, ya que quienes soliciten
un centro lejos de su domicilio tendrán que pagar íntegramente el servicio de
transporte escolar, mientras que la Conselleria dejará de invertir en los
centros menos demandados.
El consejo de gobierno de la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Valencia (FAPA-València) ha acordado presentar un recurso
contencioso-administrativo contra la resolución definitiva de arreglo escolar
de la Conselleria de Educación para el curso 2014-2015.
El recurso se presentará junto a todas las AMPA que hace unos meses
presentaron conjuntamente un recurso de reposición contra la eliminación de
unidades, y con el objetivo de que se unan más asociaciones el próximo
miércoles el gabinete jurídico de FAPA explicará a las AMPA los pasos para
presentar el documento
Valencia cede 10.366 m2 más para otra escuela
concertada en suelo público
El
ayuntamiento entrega una parcela de Malilla al Consell para un Centro de
Iniciativa Social que se suma al de Nou Patraix
Valencia contará con dos Centros
de Iniciativa Social (CIS), los colegios privados-concertados sobre suelo
público que impulsa la Conselleria de Educación. Esquerra Unida informó ayer en
un comunicado que el Ayuntamiento de Valencia ha cedido a la Generalitat una
parcela de 10.366 m2 de suelo dotacional en el barrio de Malilla para la
construcción de un CIS. Esta cesión se suma a los 10.365 m2 entregados hace 11
meses por el consistorio para otro CIS en Nou Patraix, junto al colegio público
Eliseu Vidal y la avenida Tres Cruces.
La propuesta de CIS surge ante la falta de recursos del Consell para para construir colegios e institutos. La edificación se deja en manos de la iniciativa privada que, a cambio, se garantiza el concierto económico durante 75 años. Educación exigirá a la concesionaria un canon anual por asentarse sobre suelo público. Esta cantidad no ha trascendido, pero será similar a los 8.000 euros que pide Madrid.
Tanto el departamento de la consellera Mª José Català, como las empresas coinciden en la necesidad de licitar centros de tamaño grande para que éstos sean atractivos a la iniciativa privada. Es decir, de entre dos y tres líneas educativas que oferten desde Infantil hasta Bachillerato y, por tanto, con capacidad para más de 1.000 escolares. De hecho, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando en mayo de 2013 anunció la cesión de Nou Patraix ya avanzó que era para albergar un CIS de dos a tres líneas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Dos años de retraso
Educación pretendía sacar los concursos para la construcción de CIS antes de que acabara 2012, pero la falta de un informe de Hacienda está retrasando la licitación ya dos años. A principio de 2013, conselleria aseguraba que eran 60 las empresas interesadas en los CIS. Según fuentes de Educación hay ya seis CIS a punto de licitar: Estos dos de Valencia y otro en Torrent, así como tres en la provincia de Alicante (Santa Pola, Elx y Calp).
La propuesta de CIS surge ante la falta de recursos del Consell para para construir colegios e institutos. La edificación se deja en manos de la iniciativa privada que, a cambio, se garantiza el concierto económico durante 75 años. Educación exigirá a la concesionaria un canon anual por asentarse sobre suelo público. Esta cantidad no ha trascendido, pero será similar a los 8.000 euros que pide Madrid.
Tanto el departamento de la consellera Mª José Català, como las empresas coinciden en la necesidad de licitar centros de tamaño grande para que éstos sean atractivos a la iniciativa privada. Es decir, de entre dos y tres líneas educativas que oferten desde Infantil hasta Bachillerato y, por tanto, con capacidad para más de 1.000 escolares. De hecho, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando en mayo de 2013 anunció la cesión de Nou Patraix ya avanzó que era para albergar un CIS de dos a tres líneas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Dos años de retraso
Educación pretendía sacar los concursos para la construcción de CIS antes de que acabara 2012, pero la falta de un informe de Hacienda está retrasando la licitación ya dos años. A principio de 2013, conselleria aseguraba que eran 60 las empresas interesadas en los CIS. Según fuentes de Educación hay ya seis CIS a punto de licitar: Estos dos de Valencia y otro en Torrent, así como tres en la provincia de Alicante (Santa Pola, Elx y Calp).
La admisión de
alumnado arranca con poca demanda para el nuevo colegio de Russafa
La escuela pública y concertada
arrancó ayer el proceso de admisión de alumnado en Infantil y Primaria con
escasa demanda para el nuevo colegio público nº100 de la calle Puerto Rico del
barrio de Russafa de Valencia, que abrirá sus puertas el próximo septiembre. La
admisión en este centro de nueva construcción, al estar todavía en obras, debe
tramitarse en la Dirección Territorial de Educación de Valencia, ubicada en la
Calle Gregorio Gea, 14. A las 11 de la mañana de ayer sólo dos familias habían
acudido a dicho PROP 2 para entregar su solicitud de matrícula.
Fuentes de Educación consideran «normal» esta situación en el primer día del plazo de admisión, que acaba el lunes 14, pues señalan que tal vez muchas familias no sepan aún donde dirigir sus solicitudes. Aunque el trámite se debe hacer en el PROP 2, la información sobre este centro está disponible el vecino colegio público Balmes (c/ Maestro Aguilar, 15). El CEIP n.º 100 oferta de salida una línea completa en valenciano, es decir Infantil (3 a 5 años) y toda la Primaria, más otra en castellano que arranca en Infantil 3 años y llegará hasta 3º de Primaria, para ir creciendo progresivamente. La solicitud para todos los centros se puede descargar en la web de la conselleria.
Fuentes de Educación consideran «normal» esta situación en el primer día del plazo de admisión, que acaba el lunes 14, pues señalan que tal vez muchas familias no sepan aún donde dirigir sus solicitudes. Aunque el trámite se debe hacer en el PROP 2, la información sobre este centro está disponible el vecino colegio público Balmes (c/ Maestro Aguilar, 15). El CEIP n.º 100 oferta de salida una línea completa en valenciano, es decir Infantil (3 a 5 años) y toda la Primaria, más otra en castellano que arranca en Infantil 3 años y llegará hasta 3º de Primaria, para ir creciendo progresivamente. La solicitud para todos los centros se puede descargar en la web de la conselleria.
Educación oferta 74 aulas menos
de valenciano en la campaña escolar
96
municipios reiniciarán la matrícula si prospera el recurso de Escola Valenciana
El plazo de
presentación de solicitudes para escolarizar al alumnado de educación infantil
y primaria en la comunidad autónoma arrancó este lunes con 74 unidades
menos en valenciano, de ellas 60de infantil, según la contabilidad
de Escola Valenciana, y con un recurso
contencioso-administrativo interpuesto por esta entidad contra la resolución de
la Consejería de Educación que ha propiciado su eliminación.
En el recurso
presentado este lunes ante la sala de los Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la entidad impugna y
pide la suspensión cautelar del llamado “arreglo escolar”, es decir, la
resolución por la cual la Consejería de Educación modifica las unidades y
puestos de trabajo escolares del curso próximo.
La previsión de
los recurrentes es que el juez dictamine en el periodo de un mes. “Si fuera
favorable”, estima Vicent Moreno, presidente de Escola, “supondría tener que
iniciar de nuevo todo el proceso de admisión en los municipios afectados por la
supresión”. En total, 96 municipios de 18 comarcas, incluidas las tres
capitales y varias grandes ciudades, como Alcoi, Torrent o Vinaròs.
De las 74
unidades directamente suprimidas, 70 son necesariamente en valenciano porque se
refieren a centros donde o solo se da enseñanza en esta lengua, o bien, como en
el caso del Ciutat de Cremona de Alaquàs, que tiene tres líneas, se les ha
suprimido la única unidad de tres años que les quedaba en la lengua de
Estellés. O también, casos como el del Ramiro Jover, de Valencia, que se ha
quedado con dos líneas en valenciano pero una sola aula de tres años en la que
caben 27 niños, a pesar, se lamenta su directora, Eva Tarín, de que casi la
llenarían “solo con los 23 hermanos de esa edad que van a entrar, a los que hay
que sumar otras 14 familias que los matricularían si hubiera oferta
suficiente”.
Los otros
cuatro colegios que pierden la entrada en valenciano son de doble línea, es
decir, con enseñanza en valenciano y castellano. Por tanto, la decisión de si
la unidad escolar suprimida es de una otra, resulta clave, especialmente en el
caso de las aulas de infantil, dado que son la puerta de acceso a la enseñanza
en una lengua. Son casos, explica Escola Valenciana en su recurso, en los que
“la Consejería de Educación está optando por eliminar las unidades en
valenciano en contra del acuerdo del Consejo Escolar de centro” y “perjudicando
los derechos de alumnos y familias de recibir enseñanza en valenciano,
imponiendo el castellano como lengua de aprendizaje”.
Se refieren a
casos como los del colegio Santa Magdalena de Poble Nou-Benitatxell, Sant
Vicent Ferrer de Teulada, ambos en la provincia de Alicante; Don José Alba, de
La Vilavella (Castellón), y el CEIP Herrero de Castellón capital. La
preocupación de la plataforma cívica es lo que pueda suceder en otros casi 60
centros donde peligran más de 70 unidades de enseñanza en valenciano.
En “la mayoría
de los casos se da a los centros la oportunidad de elegir qué línea ha de ser
suprimida”, aseguró ayer la consejera de Educación,María José Català, en una comparecencia
cultural ante la prensa, en referencia al recurso de Escola Valenciana, al que
no auguró “un recorrido en el tiempo”, por estar convencida de que las
decisiones relacionadas con el ajuste escolar “están justificadas” y “no tienen
motivaciones lingüísticas, sino que se deben a que en una determinada escuela
haya más o menos niños”. Preguntada por este diario acerca de si podía
garantizar que todos los niños que quieran estudiar en valenciano podrán
hacerlo el próximo curso, Català ha preferido una respuesta condicionada:
“Podemos garantizar la libertad siempre y cuando haya niños para conformar un
grupo”.
En su recurso
judicial, Escola Valenciana insiste en que la consejería no conoce la demanda
cuando decide suprimir unidades. Por eso, pide la suspensión cautelar de la
resolución impugnada hasta que la Administración “conozca el resultado del
proceso de matriculación” que acaba de empezar y que finaliza el 25 de junio para
Infantil y Primaria, y que “acuerdo abrir un nuevo periodo de admisión que
permita a las familias poder elegir centro y preferencia lingüística, adecuando
el arreglo escolar y la planificación educativa a la demanda de las familias”.
La
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA)-València acordó también
este lunes presentar un contencioso-administrativo contra la resolución
definitiva de arreglo escolar.
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